Una recepta prou simple per acabar amb la corrupció
urbanística.
Corrupción urbanística
Juan F. Martín Seco - Noviembre 2006
Recuerdo que a principios de los ochenta, con
la llegada del PSOE al gobierno, la Intervención General de la
Administración del Estado inició un plan generalizado de
auditorías. Los resultados fueron alarmantes, en algunos casos
gravísimos, y muestra de hasta qué punto la Administración
proveniente del franquismo carecía de los menores mecanismos de
control. La prensa las denominó auditorías de infarto. Pero,
como siempre, el lenguaje político vino a trastocarlo todo.
Durante un debate parlamentario, al presidente del Gobierno se
le calentó la boca y anunció que mandaría todas las auditorías
al fiscal. El error fue mayúsculo. La Fiscalía poco o nada podía
decir. Era imposible probar delitos individuales. La gravedad
del asunto radicaba precisamente, en muchos casos, en la
ausencia de mecanismos de control, incluso de la contabilidad,
que hacía que en el supuesto de que alguien hubiese cometido una
irregularidad o un delito fuese imposible probarlo.
Me temo que con el problema del urbanismo
esté pasando lo mismo. La prensa está aireando distintos
escándalos de presunta corrupción. El PSOE propone al PP un
pacto para perseguir dentro de sus propios partidos a los
militantes acusados de corrupción ligada al urbanismo.
Tolerancia cero, según dicen. Digo yo que, por una parte, la
persecución irá destinada a toda la corrupción tenga o no que
ver con el urbanismo y, por otra, que no parece que haga falta
ningún pacto para perseguir a los delincuentes. Pero para lo que
sí parece necesario un pacto es para cambiar las reglas del
juego, de manera que los delincuentes no puedan serlo aunque
quieran.
El sistema político de Montesquieu se
asentaba en el principio de que la moral del Estado no podía
confiarse exclusivamente a la bondad de los gobernantes; si son
buenos mucho mejor, pero en cualquier caso hay que establecer un
sistema de equilibrio de poderes, un conjunto de reglas que les
impidan delinquir.
Todos intuimos que los casos de corrupción
que están viendo la luz son una muestra insignificante del
total, y que incluso de éstos tan sólo unos pocos llegarán a
probarse. El problema de fondo no radica en la malicia de los
protagonistas ni se soluciona con jueces y fiscales. Antes que
nada, es cuestión de reformar las normas y los procedimientos de
modo que hagan imposible o al menos muy difícil la corrupción.
El problema de fondo está en el sistema seguido de
recalificación de suelo cuyas plusvalías revierten en el dueño
del terreno que, sin tener arte ni parte y por una simple
decisión administrativa, ve multiplicarse por cien su
patrimonio. ¿Cómo no va a dar lugar este sistema a corrupción?
¿Cómo no van a tener los promotores y los dueños de los terrenos
la tentación de comprar a concejales y éstos la de venderse?
Como ya he escrito en algún otro artículo
hablando de Marbella la solución es relativamente simple, aunque
políticamente debe de ser muy comprometida de tomar dados los
intereses en juego. Únicamente así se explica que nadie se
atreva a plantearla. Consiste tan sólo en que los terrenos
rústicos que se van a urbanizar se expropien a precios justos
—justiprecio—, es decir, al precio de terreno rústico, y que
posteriormente sean urbanizados por los poderes públicos y
puestos en el mercado progresivamente en pública subasta.
Eliminada la expectativa de ganancia extraordinaria, se
eliminaría también la posibilidad de corrupción. El complemento
de la anterior medida consistiría en que la adjudicación se
realizase con el compromiso del adquirente de construir en un
determinado número de años, con lo que se evitaría también el
acaparamiento del suelo y, por tanto, la correspondiente
especulación.
Para llevar a cabo estas medidas sí que
podrían y deberían hacer un pacto los dos partidos mayoritarios.
Y un pacto podrían hacer también en algo que el PSOE ha
insinuado, pero que sólo se ha atrevido a eso, a insinuar:
retirar las competencias, o al menos parte de ellas, en materia
urbanística a los Ayuntamientos. Antes o después, nos iremos
dando cuenta de que para solucionar determinados problemas es
imprescindible que previamente reconstruyamos el sector público
que hemos desintegrado. Entregar las competencias en materia
urbanística a miles de entes dispersos y heterogéneos como son
las corporaciones locales tenía por fuerza que terminar en un
urbanismo caótico.
Me temo, sin embargo, que ninguno de estos
pactos se llevará a cabo. Hay demasiados intereses en juego,
quizás también la propia financiación de los partidos. El PSOE
será incapaz de enfrentarse a los partidos nacionalistas y el PP
demostrará que su canto a España y al Estado es mera retórica y
una táctica para desgastar al Gobierno, pero carente de interés
si va de la mano con el PSOE. Ambas formaciones políticas
continuarán, no obstante, acusándose mutuamente y rasgándose las
vestiduras por los escasos, comparados con el total, casos de
corrupción que salgan a la luz. Pero no harán nada para
remediarlo. Nunca un problema ha tenido tan fácil solución.
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Documentación aportada por nuestro
colaborador Rafa
Muñoz
